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El derecho de ofender
Por Gustavo López
Anestesiólogo, egresado de la carrera de medicina, Universidad de Caldas

En un tono decidido y a través del recuento de varios casos, el autor nos recuerda los vínculos entre la libertad de expresión y la libertad a secas.



El derecho de ofender
Ilustración por Juliana Soto

Quemar la bandera

Cierta tarde de agosto de 1984, Gregory Lee Johnson, miembro de la Brigada Juvenil Revolucionaria Comunista, un grupo de filiación maoísta, quemó la bandera de las barras y las estrellas de manera ostentosa en las calles de Dallas durante la convención nacional republicana, la misma que votó por reelegir la dupla Reagan-Bush. Nada raro entonces que el militante de 28 años fuera detenido y declarado culpable de vandalizar objetos venerados y como tal sentenciado a un año en prisión y a una multa de dos mil dólares. Sin embargo, después de varias apelaciones el caso llegó a la Suprema Corte de los EU. La decisión de la Corte sentó un precedente notorio en tanto que, decidida a proteger la primera enmienda, consideró que quemar la bandera  pertenece al reino de los  discursos simbólicos y, por lo tanto, una forma de protesta que debería ser preservada. El juez William J Brennan resumió en estas palabras el fallo:

Si hay un principio fundamental que subyace en la Primera Enmienda es que el gobierno no está en capacidad de  prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad encuentre la idea en sí misma ofensiva o desagradable.

 Reconforta saber que en un país en donde la bandera es un símbolo omnipresente y sacrosanto todavía haya quien defienda el igualmente sacrosanto derecho de insultar, pisotear y aún quemar ese quintaesenciado símbolo de la patria, con la convicción de que la libertad de opinar es el derecho fundacional de una sociedad abierta. Es cierto que la opinión pública se manifestó  un tanto contraria a esta decisión y que de tanto en tanto un sector conservador de la Cámara de Representantes ha seguido ensayando el predecible ritual de un proyecto de ley para prohibir la quema de la bandera, pero por fortuna las voces que promueven el libre discurso y el disenso prevalecen y logran hacerse oír por encima de la bulla reaccionaria. Incluso diarios que podríamos reputar por conservadores como The Washington Post, se han mostrado contrarios a permitir tal tipo de leyes. En 2005 un editorial de ese diario declaraba:

El gran poder de este principio (el del libre discurso) es que no considera excepciones: ni para el racismo más odioso, ni para la denegación del holocausto, ni para aquellos cubiertos con blancas caperuzas, o los que defienden la hoz y el martillo, ni siquiera para los que queman o de otra manera profanan las barras y las estrellas.

La libertad de opinión, la libre expresión de las ideas, en fin, el libre discurso es un derecho que reclama una defensa permanente y sin matices. La frase que mejor lo define es, a mi modo de ver, la de Raoul Vaneigem: “No hay un uso bueno o malo de la libertad de expresión, tan sólo un uso insuficiente”. Mejor aún, la libertad de expresión acarrea otro derecho: el derecho de ofender, la posibilidad de fustigar, insultar, herir, zaherir o ridiculizar al oponente sin que esto implique el desborde del derecho primario o que deba ser interpretado como ese temido e indefinible Golem de la libertad: el libertinaje. Como bien lo expresa  Christopher Caldwell: “si la libertad de expresión no significa el derecho de ofender, entonces la libertad de expresión no es realmente un derecho”.

Esta discusión es pertinente, al menos en occidente, puesto que significa que la libertad de expresión debe ser preservada, aun en sus formas más exageradas y esperpénticas, no sólo de los fundamentalismos religiosos y totalitarismos políticos sino de las expresiones más hirsutas en la derecha y la izquierda. Sobre todo, y en primer lugar, contra aquellos que persiguen el libre discurso apoyándose en las leyes de la injuria y la calumnia. No trato de repetir aquí la consabida y manida frasecita atribuida a Voltaire: “No comparto sus ideas pero daría la vida para que tuviera el derecho de expresarlas”, especialmente si se trata de personas cuyas ideas me parecen miserables, pero sí creo que, a despecho de la necesidad de que todos y cada uno de los que se crean con el deber y la necesidad de opinar lo hagan, e incluso se tomen el trabajo de ofender. A estas alturas tal vez haya que reconocer que lo que se erigía como un derecho absoluto en los años sesenta (volver los ojos sobre la cita de Vineigem infra), hoy día debe ser visto como un derecho temperado. En efecto, como lo hace notar Coetzee tras la caída del muro de Berlín, de la URSS y la emergencia de los discursos minoritarios, “el consenso liberal sobre la libertad de expresión, que tal vez antaño reinaba entre los intelectuales occidentales, y que de hecho contribuyó en gran medida a definirlos como colectivo, ha dejado de imperar". Entre otras cosas la obsesión por lo políticamente correcto, o el temor a atizar el odio han llevado a un proceso de autorregulación que a veces asume la forma de lo que Coetzee llama en alemán sauberungsaktion, es decir, limpieza o purificación.

A mediados de la década de 1980, me era posible dar por supuesto que la intelectualidad compartía en líneas generales mi opinión de que cuantas menos restricciones legales se aplicaran a la capacidad de expresarse, mejor: si resultaba que algunas de las formas asumidas por la libre expresión eran desafortunadas, ello era parte del precio de la libertad. La censura institucional era una señal de debilidad del Estado, no de fortaleza; el historial mundial de la censura era lo bastante repugnante para desacreditarla para siempre.

En algún momento entre esos días y los actuales la libertad de expresión debió perder rango, a los ojos de los hombres o frente a los otros derechos, o tal vez, ya no estamos tan seguros de nosotros mismos y hemos visto muy de seguido cómo de la ofensa se llega al odio y del odio al exterminio.

 

Ginecoofender

Defender el libre discurso debe parecer romántico, el tipo de cruzada liberal que nos gusta emprender, pero, ¿qué pasa cuando el sujeto es un pornógrafo hostigante, millonario a punta de explotar las formas más crudas del  periodismo ginecológico? Hay que ver la película de Milos Forman, People Vs. Larry Flynt (1996) para entender el problema que se puede presentar cuando el puritanismo ñoño —sí, el mismo pantanoso y vomitivo que en Colombia representa el procurador— decide llevar a Larry Flynt, dueño de la revista Hustler, a los estrados judiciales acusándolo de obscenidad y crimen organizado. El pornógrafo fue el primero en editar una revista de gran tirada que desafiaba de frente la moral americana con escenas de sexo explícito, negros bamboleando inmensos penes erectos, Santa Claus teniendo sexo con la señora Claus, Jackie Onasis desnuda en una isla griega. Cuando se interpone la demanda, Larry, interpretado en la cinta por Woody Harrelson, recibe la visita de un abogado joven y entusiasta de Los Ángeles, Alan Isaacman, encarnado en la película por Edward Norton:

—Señor, su esposa me ha contratado para llevar su caso.

—¿Es usted experto en pornografía?

—No, señor. En derechos civiles.

Isaacson hace en su alegato de cierre una declaración de principios que cualquiera de nosotros podría suscribir:

Me gusta vivir en un país donde puedo comprar la revista Hustler y leerla si quiero, o tirarla a la basura si me parece apropiado. O mejor aún, puedo comprarla. Me gusta tener ese derecho, lo aprecio. (…) Es una magnífica forma de vivir. Pero esa libertad tiene su precio, que es tener que tolerar ciertas cosas que no nos gustan (…) podrán pensar lo que quieran sobre Larry Flynt y la revista Hustler pero pregúntense si quieren tomar la decisión por todos.

A pesar de discurso tan sensato y convincente, Flynt fue hallado culpable y condenado a 25 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal de apelaciones revocó la sentencia y decretó su libertad. Pero a Flynt la gustaba el exhibicionismo judicial y se entretenía dando lata en los tribunales. De hecho, en la película, él mismo hace el papel del juez William J Morrisey quien se había encargado de condenarlo en la vida real. Otra vez es acusado en Georgia por vender pornografía. En esa ocasión Flynt dijo en su defensa:

Quizás esté mal, para cierta gente, retratar a mujeres como yo lo he hecho, pero no es ilegal. Quizá no sea prudente beber mucho, pero no es ilegal. Quizá el aborto sea repugnante moralmente, pero en este momento no es ilegal. Si queremos cambiar las leyes es otra discusión. Pero el derecho de decidir por cuenta propia no puede ser restringido.

También se sabe que Flynt fue el primero en decir: “las opiniones son como el culo, cada cual tiene el suyo”, pero esa es otra historia. En 1984, para no perder la costumbre, Flynt fue llevado de nuevo a los tribunales, esta vez por cuenta del teleevangelista ultraconservador, supremacista Jerry Falwell, a quien Hustler parodió en un anuncio de Campari hablando de su “primera vez”. El chiste decía que Falwell reconocía que su primera relación sexual había sido con su propia madre, borracho y en un baño público. Flynt fue demandado por 45 millones de dólares por sufrimiento moral, difamación e invasión de la vida privada. El primer juicio, llevado a cabo en diciembre del 84 lo perdió el pornógrafo. Sin embargo, Flynt insistió una y otra vez hasta lograr una audiencia ante la Suprema Corte. Larry Flynt no tiene nada de tonto y su empecinamiento no es apenas una arista de su carácter. Como escribió: “Era mucho más que la batalla personal entre un pornógrafo y un predicador, debido a que la primera enmienda estaba del todo en el corazón de este caso”. Y la Suprema Corte le dio la razón: en el fallo que exoneró a Flynt de todo cargo podemos leer:

La libertad de expresar las ideas propias no solo es un aspecto de la libertad individual —por tanto buena en sí misma— sino también primordial en la búsqueda colectiva de la verdad y en la vitalidad social como un todo. Nosotros hemos sido especialmente vigilantes en asegurar que las expresiones individuales de las ideas permanezcan libres de sanciones impuestas desde el gobierno. Una de las prerrogativas de los ciudadanos americanos es el derecho a criticar a los hombres públicos y sus actuaciones. Tal crítica, inevitablemente, no siempre será razonada o moderada.

Sin embargo, la frase que mejor resume el sentido de la sentencia corresponde, otra vez, al inefable Larry: “Si la ley protege a una escoria como yo, entonces con mayor razón los protegerá a todos ustedes”.

 

Injuriar es cuestión de método

Borges pondera a José María Vargas Vila, el mejor de nuestros libelistas: “La injuria más espléndida que conozco: injuria tanto más singular si consideramos que es el único roce de su autor con la literatura: los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo, muriendo en él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia””. Uno esperaría que este encomio de Borges hubiera alentado a la legión de escritores que atosiga esta pálida república para convertir la afrenta en un motivo nacional, algo que definiera nuestro tímido carácter, no sólo el áurea mediocritas que tanto nos gusta preservar. Sin embargo, todo lo contrario, cualquier mención que pueda ser interpretada como ultraje, agravio o escarnio a su obra o su persona y he aquí que el escritor o burócrata de la cultura corre en busca del primer tinterillo para instaurar una demanda por injuria y calumnia. El caso de Renson Said es una muestra palpable y tremebunda de ese escozor nacional. Said, un escritor y periodista de Cúcuta, se tomó la molestia de leer  la obra poética despachada, expelida (volviendo  a Borges) por un abogado, un tal Pablo Chacón. Después, para su desgracia, decidió comentarla en el diario local La Opinión. Escribió el crítico que Chacón Medina

no sabe pensar, consecuentemente no sabe escribir. Y cuando su portentoso vientre concibe un poema de indiscutible densidad retórica no sabe cómo escapar a los grilletes de sus propios heptasílabos. Confunde la oratoria con la poesía y el entusiasmo con la interiorización. Sus poemas son mediocres porque no conoce la disonancia, sufre de incontinencia verbal y no interioriza sino que registra profusamente cualquier anécdota.

La historia está contada en el blog del valiente Said y en el número 85 de la revista El Malpensante. Allí se nos informa que el jurista devenido poeta demandó al crítico, tal vez la primera demanda por injuria y calumnia contra un crítico literario en este país de leguleyos a muerte con el alma prendida de un inciso, como decía Gilberto Alzate. ¿Los cargos? “El señor Renson Said se dedicó dolosa y espuriamente, a lanzar un jalón de improperios, injurias y denuestos contra la dignidad y el honor del Dr. Pablo Chacón Medina eminente jurista cucuteño, periodista, humanista, poeta y escritor”. Además exigió que Said “reconozca y acepte, que al final del día, el afectado es un legítimo intelectual”. Volvamos a Borges: en el mismo texto sobre la injuria comentaba que usar el término doctor es otra forma de aniquilación que asume el denigrante para afrentar sin respiro a su víctima: “Mencionar los sonetos cometidos por el doctor Lugones, equivale a medirlos mal para siempre, a refutar cada una de sus metáforas”. Aquí nos toca diferir del ilustre ciego. Todo lo contrario. En este país es un imperativo categórico moral referirse a alguien, cualquiera, como doctor so pena de hacerle padecer un baldón, una infamia, una vejación. Más aún, creo que el error de Said fue haberle ninguneado al abogado el título con que tanto en la calle como en la casa se le llama: el doctor Chacón Medina. El juicio se tomó sus buenos años pero al final del día Said resultó exonerado de los cargos que en contra del honor en la persona del doctor Chacón se le imputaban, y pudo decir, con todo derecho, con toda razón y sin bajar la cabeza lo siguiente:

Y si no decimos estas cosas vamos a terminar matándonos todos en el último evento en que nos encontremos. Porque los insultos, las burlas y las palabras fuertes son una reacción natural del ser humano frente a la impotencia. Sería triste que Chacón Medina no pudiera decirme a gritos que yo soy un “resentido botafuego” Y que yo no pudiera responderle “resentido usted, poetica municipal”.

 

Ofender y mancillar

 

Si ofender es un derecho, ¿qué derechos tiene el ofendido? Hubo un tiempo en que los depositarios del genuino sentimiento de la ofensa eran los caballeros bienpensados, y la manera que usaban para restituir el honor perdido (propio o ajeno) era a través del duelo en descampado. Pero, ¿ahora? Sólo en los países en los que el espíritu de la contrarreforma aún pervive se consideran la injuria y la calumnia delitos contra el honor. En España, como en Colombia, el honor se considera un bien en sí mismo y su perjuicio se vincula con el orden penal, razón por la cual el ofensor debe pagar con la cárcel el honor mancillado. En el mundo anglosajón el honor ha venido identificándose con el concepto de la dignidad de la persona, esto es, su autoestima y su heteroestima a la que llaman reputación, concepto que ha de hallarse “en la raíz de cualquier sistema decente de libertad ordenada". En pocas palabras, el concepto del honor es un franco anacronismo que estaría mejor representado en los conceptos de dignidad, fama y reputación, y la mejor manera de dirimir cualquier conflicto entre partes sería a través del derecho civil. Eso quiere decir que la manera más civilizada y a tono con los tiempos que corren de proteger la libertad de expresión y el derecho de ofender es revisar la jurisprudencia sobre la injuria y la calumnia y desligarla del código penal y dejar que el ofensor y el ofendido resuelvan sus diferencias a través de las vías civiles. Un ejemplo final para sustentar esta afirmación lo podemos encontrar en el caso del periódico mejicano La Jornada contra Letras Libres a raíz de un artículo suscrito por Fernando García Ramírez en Letras Libres contra la acogida que La Jornada daba a Gara, un periódico vinculado al grupo ETA y en el cual García Ramírez afirmaba que “La Jornada se ha puesto al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”. En nombre de La Jornada su directora, Carmen Lira, demandó a Letras solicitando amparo de los derechos al honor, la intimidad y la vida privada. La demanda llegó hasta la Suprema Corte de Méjico, que falló en favor de Letras en términos precisos: “En un sistema democrático la libertad de expresión tiene una posición preferencial sobre el derecho al honor”.



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